El derecho a la información constituye un pilar primordial y un requisito imperativo para el desarrollo humano ante el surgimiento de sociedades del conocimiento, donde cada vez se produce más información, en particular por parte de los organismos públicos. De hecho, en el ejercicio de sus actividades, las diferentes ramas del gobierno producen, reciben y mantienen información y datos del sector público. Por lo tanto, poner en el punto de mira del derecho a la información, la divulgación y difusión de datos del sector público supone un verdadero catalizador para la implementación de buenas prácticas de gobernanza, pero también un requisito previo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Las directrices de la UNESCO de 2022 pueden ser utilizadas como un marco de principios, enfoques y modelos estratégicos y normativos, por parte de los responsables de la formulación de políticas y los funcionarios interesados en la institucionalización, la implementación y la evaluación del proceso de acceso a los datos del sector público.