El informe realiza un análisis de los ciberataques recibidos en el entorno de la Unión Europea durante el año 2022 y de las respuesta ejercida por las autoridades competentes. Este periodo de tiempo trajo consigo una serie de novedades en el panorama de las amenazas de la ciberdelincuencia relacionadas con la agitación geopolítica causada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, así como con las medidas policiales adoptadas contra los actores de las amenazas y la infraestructura de la ciberdelincuencia.

Los ciberataques analizados se centran en ataques de malware (software que realiza acciones dañinas en un sistema informático), grupos ransomware (personas organizadas que generan un programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a cambio) y ataques DDOS (ataque de denegación de servicio).

Son diversos los puntos que se destacan a lo largo del informe. Entre ellos se apunta que los grupos de ransomware han seguido siendo la amenaza más destacada y han establecido un claro enfoque de atacar a empresas internacionales, organizaciones públicas, infraestructuras críticas y servicios esenciales.

Los programas de afiliados (plataformas de ransomware gestionadas por grupos delictivos) siguen siendo la forma dominante de organización empresarial para los grupos de ransomware. Trabajan en estrecha colaboración con otros grupos de malware como servicio y con intermediarios de acceso inicial (IAB) para comprometer a objetivos de altos ingresos y exigir enormes rescates, que ascienden a millones de euros.

Los ciberdelincuentes siguen atacando dispositivos Android con malware móvil, pero no se han producido campañas tan prolíficas como las registradas en IOCTA 2021, gracias a una acción policial internacional en mayo de 2022 que acabó con la infraestructura de FluBot (ladrón de información móvil).