Las Directrices describen un conjunto de deberes, responsabilidades y funciones de los Estados, las plataformas digitales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico, la comunidad técnica y otras partes interesadas para crear un entorno en el que la libertad de expresión y la información estén en el centro de las plataformas digitales.

Para su elaboración se llevó a cabo una consulta de múltiples partes interesadas que recogió más de 10.000 comentarios de 134 países. Estas consultas a escala global fomentaron la participación inclusiva, asegurando que se escuchara una diversidad de voces, incluidas las de grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Como conclusión se resalta que las plataformas digitales han empoderado a las personas y a las sociedades, otorgando enormes oportunidades para que comuniquen, participen y aprendan. Ofrecen un gran potencial para los grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, democratizando espacios de comunicación y oportunidades para que diversas voces se relacionen entre sí, sean escuchadas y vistas.