Este informe analiza distintos indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D). El objetivo de los datos que se analizan es cuantificar los recursos, tanto económicos como humanos, que se invierten en I+D en los distintos sectores de la economía española, así como su comparación con otros países europeos y con los líderes globales en conocimiento, como China o Estados Unidos. El análisis presta especial atención a una serie de factores, como la evolución histórica de la inversión, el peso de las empresas y el sector público, el empleo que genera, la igualdad de género, así como un desglose territorial y sectorial.

La inversión española en I+D creció en 2022 por octavo año consecutivo, alcanzando los 19.325 millones de euros, el mayor registro de la serie histórica. Este notable salto en el nivel de inversión se tradujo, no obstante, en un moderado aumento del peso de la I+D en la estructura productiva española. En concreto, la ratio de inversión en I+D sobre PIB se incrementó en 2022 en solo tres centésimas, para situarse en el 1,44%. La explicación está en que aunque la inversión ha mostrado un muy fuerte aumento nominal en 2022, su impacto relativo en el PIB ha sido limitado, debido al fuerte crecimiento económico del país. A la evolución en positivo de la inversión española en I+D han contribuido tanto el sector público, que aumenta por sexto año consecutivo, como, el empresarial, por octavo. Destaca la inversión en I+D del sector empresarial, que se acrecentó un 12% en 2022, ligeramente por encima del sector público, que creció un 11%. Aunque las dinámicas de inversión son muy distintas entre el sector público y el empresarial, es importante señalar que parte de la inversión empresarial proviene de financiación pública vía fondos Next Generation EU. El crecimiento de la inversión en I+D en España en 2022 se ha distribuido por todo el territorio, de manera que todas las comunidades autónomas –con la única excepción de Castilla-La Mancha– han incrementado sus cifras de inversión.