Este informe proporciona a las autoridades de protección de datos (APD) y a las instituciones nacionales y de la UE una visión detallada de los retos a los que se enfrentan los miembros del personal que trabajan en las APD a la hora de aplicar las tareas que les asigna el Reglamento general de protección de datos (RGPD). El informe es una recopilación de experiencias comunicadas a la FRA durante entrevistas con miembros individuales del personal. Presenta una visión de los retos más acuciantes planteados por los miembros del personal que trabajan en las APD.

El estudio se basa en los resultados de una investigación cualitativa realizada en 2022 y 2023 a partir de entrevistas presenciales semiestructuradas realizadas a representantes de las APD de los 27 Estados miembros de la UE.

La FRA identificó tendencias comunes entre las autoridades de protección de datos, en particular la insuficiencia de recursos, la falta de capacidad para llevar a cabo investigaciones y la falta de las herramientas de investigación necesarias. Las preocupaciones expresadas por los entrevistados se refieren principalmente al número extremadamente elevado y creciente de reclamaciones individuales que se presentan, que las APD están obligadas a tramitar en un plazo razonable. Este informe muestra que, debido a que estas entidades se encuentran con escasez de fondos y personal, muchas se ven obligadas a dar prioridad a la tramitación de reclamaciones frente a otras tareas reguladoras que el Reglamento general de protección de datos les ha encomendado –como promover la concienciación entre los organismos de la administración pública y el sector privado sobre sus obligaciones en virtud del RGPD, sensibilizar a la población sobre el derecho a la protección de datos y prestar asesoramiento de alta calidad a las instituciones públicas sobre propuestas legislativas–. Además, varios encuestados subrayaron que la nueva legislación de la UE, adoptada tras la entrada en vigor del RGPD, ha impuesto a las APD obligaciones y responsabilidades adicionales, ampliando aún más su carga de trabajo, aunque el nivel de recursos siga siendo el mismo. Los Estados miembros de la UE deben garantizar a las autoridades de protección de datos los recursos financieros, humanos debidamente cualificados y técnicos adecuados que sean necesarios, a la luz de las obligaciones contenidas en el artículo 52 del Reglamento general de protección de datos.