El objetivo de este estudio es examinar en qué medida se han implementado los compromisos de la Declaración Europea de Derechos y Principios Digitales en los Estados miembros de la UE. El informe proporciona una visión general del progreso realizado hacia la implementación de los compromisos de la Declaración, incluidos 27 resúmenes de países, brechas en la implementación y recomendaciones para promoverla.

Para ello se han identificado y mapeado las iniciativas implementadas a nivel nacional tanto por autoridades nacionales, empresas privadas y miembros de la sociedad civil (como ONGs) relacionadas con la Declaración Europea sobre Principios Digitales. Asimismo, se llevó a cabo una encuesta entre asociaciones nacionales de consumidores, organizaciones de derechos humanos y digitales, asociaciones industriales, representantes de la industria, representantes nacionales en el consejo de administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA) y grupos de expertos. La misma se centró en discernir sobre hasta qué punto los gobiernos, empresas y plataformas han implementado los principios de la Declaración, así como conocer las oportunidades con las que cuentan las partes interesadas para contribuir a su puesta en marcha.

El documento señala numerosas iniciativas nacionales relacionadas con la Declaración, en particular sobre educación y competencias digitales, digitalización de los servicios públicos y protección de niños y jóvenes en el entorno digital. Sin embargo, siguen existiendo lagunas en ámbitos como la promoción de tecnologías sostenibles o la garantía de un entorno digital justo. Sugiere que se tomen más medidas para impulsar la Declaración y garantizar la aplicación de los derechos y principios digitales a nivel nacional. Varios Estados miembros han desarrollado marcos generales para la promoción de los derechos digitales. En la mayoría de los casos, como la propia Declaración de la UE, han adoptado la forma de leyes indicativas. Sin embargo, también hay ejemplos de marcos legales que reúnen diferentes disposiciones que buscan incorporar el principio del desarrollo tecnológico centrado en el ser humano. Cuando se combinan con planes de acción, objetivos y participación de las partes interesadas, marcos como estos podrían proporcionar un mecanismo importante para centrar la atención en las cuestiones de derechos digitales y garantizar que exista coordinación entre una amplia gama de medidas.