El informe explora el papel de los datos en la prestación de una justicia centrada en las personas, así como los valores, objetivos y prácticas necesarios para que la gobernanza de los datos aproveche todo su potencial. Describe los objetivos, valores y prácticas para aprovechar los datos de forma eficaz, basándose en los instrumentos políticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El documento ofrece ideas prácticas para los responsables políticos que pretendan aplicar reformas de la justicia basadas en datos. También aborda los retos y oportunidades que presenta la transformación digital en el sector de la justicia, abogando por un enfoque estratégico que equilibre la innovación con la protección de los derechos fundamentales.

El análisis se desarrolla a partir de una investigación documental y entrevistas en profundidad con representantes nacionales y ministerios competentes de determinados países, así como con el sector privado y el tercer sector. Se basa en la recomendación de la OCDE sobre el acceso a la justicia y los sistemas de justicia centrados en las personas, el marco y los principios de buenas prácticas para una justicia centrada en las personas elaborado por la misma organización, el marco de política de gobierno digital de la OCDE y el marco de gobernanza de datos de esta misma institución. Incorpora las enseñanzas extraídas de las actividades y experiencias en materia de gobernanza de datos en el ámbito de la justicia y otros sectores pertinentes.

El documento pone de relieve el papel fundamental que pueden desempeñar los datos en la modernización de los sistemas judiciales, subrayando la necesidad de una gobernanza de datos eficaz para garantizar que los sistemas judiciales respondan a las necesidades de las personas. Para apoyar la transición hacia una justicia centrada en las personas es necesario generar nuevos marcos de gobernanza de los datos judiciales. En particular, los responsables políticos deben considerar nuevos marcos que reorienten las prácticas de recopilación de datos, pasando del registro de datos únicamente relevantes para los organismos a datos que ayuden a comprender las vías, experiencias y necesidades de las personas que emplean el sistema de justicia. Los nuevos marcos de gobernanza de los datos judiciales también deben tener en cuenta los aspectos constitucionales y jurídicos de la recopilación, el intercambio y el uso de datos, así como las oportunidades y los retos asociados a la transformación digital.