La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presenta en este documento el marco para la Resolución de Litigios en Línea (ODR, por sus siglas en inglés), que explora cómo las tecnologías y los datos digitales pueden apoyar la resolución de litigios dentro y fuera de los sistemas judiciales, mejorando así el acceso a la justicia para todas las personas.

El marco se articula en torno a tres pilares —gobernanza, palancas políticas y ética y salvaguardias— que ofrecen a los países una orientación exhaustiva sobre la integración de la ODR. Esta herramienta pretende ayudar a los países a mejorar la transferencia fluida de información entre los distintos mecanismos de resolución de litigios. El documento proporciona un enfoque estratégico para el desarrollo de las ODR, incluyendo las mejores prácticas para la gobernanza, marcos jurídicos sólidos y normas éticas para garantizar la imparcialidad y la transparencia.

La ODR presenta un importante potencial para mejorar el enfoque centrado en las personas en el sistema de justicia con el fin de aumentar el acceso a la justicia para todos. La adopción de un enfoque centrado en las personas en el proceso de utilización de tecnologías y datos digitales para diseñar y ofrecer mecanismos de ODR puede ayudar a satisfacer las necesidades jurídicas y de justicia de individuos y empresas de manera oportuna y eficaz. Esta herramienta también puede contribuir a una transferencia fluida de información y casos entre los servicios de justicia, ampliando las opciones disponibles para que las personas y las empresas resuelvan sus litigios. Del mismo modo, la ODR puede ampliar el acceso a la justicia haciendo que la resolución de conflictos sea más asequible y accesible, y proporcionando un acceso oportuno a la información (por ejemplo, notificaciones, casos archivados y decisiones disponibles en línea). Como alternativa directa y eficiente a los procesos tradicionales de resolución de litigios basados en los tribunales, el marco para la Resolución de Litigios en Línea puede influir positivamente en la carga de trabajo, los recursos y la calidad de los servicios judiciales.