Europa se enfrenta a un conjunto de retos de gran importancia en el futuro próximo, entre los que destaca la gestión de la transición climática, de los efectos de las transformaciones tecnológicas y de los cambios geopolíticos. Las autoridades europeas y nacionales son conscientes de que las herramientas actualmente disponibles no alcanzan para abordar eficientemente estos desafíos y de que es necesario, por tanto, un decidido impulso reformista.

Al inicio de un nuevo ciclo institucional europeo, el conjunto de propuestas del Informe Letta, orientadas hacia la culminación del mercado único y su adaptación a las nuevas circunstancias, constituyen una aportación de primer orden al debate de política económica europea. Las iniciativas más importantes incluyen la dinamización de la unión de los mercados de capitales, la creación de un esquema de ayudas de Estado paneuropeas basado en contribuciones nacionales, la promulgación de un código de derecho mercantil europeo como alternativa a la armonización de los 27 ordenamientos nacionales existentes, la incorporación al mercado único de sectores que hasta ahora han estado en gran medida al margen de este (como la energía y las telecomunicaciones) o, en el ámbito legislativo, la priorización de la aprobación de reglamentos, directamente aplicables en los Estados miembros, frente a las directivas, que requieren de transposición a los ordenamientos jurídicos de cada país.

El diagnóstico del informe es, en gran medida, compartido por las distintas autoridades nacionales, que también han acogido favorablemente los grandes enunciados de las propuestas. No obstante, no es difícil entrever que la puesta en funcionamiento de estas últimas requiere consensos que, en la práctica, puede ser difícil alcanzar.